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Universidades y Desarrollo Rural.

 PAPEL DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL DISEÑO DE POLÍTICAS DE DESARROLLO RURAL

Carlos Alberto Hernández Medina.

Centro Universitario Municipal Camajuaní. Joaquín Paneca # 62. Camajuaní. 52500. Villa Clara. Cuba.

E.mail: cahm862@uclv.edu.cu

RESUMEN

En este artículo se analizan los conceptos relativos al desarrollo regional, desarrollo rural territorial, la política regional y las políticas públicas. Se considera que las instituciones de Educación Superior siempre han jugado un papel importante en el diseño de las políticas públicas orientadas al desarrollo rural regional. Actualmente están llamadas a jugar un papel cada día más activo al respecto. Ello requiere que sus integrantes (profesores-investigadores, alumnos y directivos) sean concientes de su importante papel en tal ámbito. Ello conlleva a que una de las capacidades a desarrollar en los mismos es su rol de ciudadanos.

Palabras clave: Desarrollo rural, Universidades, desarrollo regional, políticas.

ABSTRACT

In this paper the concepts relative to the regional development, territorial rural development, the regional policy and the public policies are analyzed. It is considered that the institutions of superior education always have played an important role in the design of the oriented public policies the regional rural development. At the moment they are called to play a paper every more active day on the matter. It requires that their members (professor-investigators, students and directors) are conscientious of their important paper in such scope. It entails to that one of the capacities to develop in such is its roll of citizens.

Keywords: Rural development, Universities, regional development, polices.

INTRODUCCIÓN

Las Universidades son conceptualizadas como aquellas instituciones llamadas a generar y difundir conocimientos. La Universidad “debería ser el sitio donde se deposite y a partir del cual se difunda el saber universal, o por lo menos, el medio para acceder a él.” Incluso se a llegado a decir que “las universidades del mundo no deben olvidar que mientras ellas tienen disciplinas en su interior. La sociedad fuera de ellas lo que tiene son problemas, y la función de la universidad es poner esas multidisciplinas al servicio de la solución de los problemas del mundo”.

Es por eso que la investigación que se realiza en la Universidad debería ir encaminada a resolver problemas concretos y los proyectos deben surgir y ser planteados basándose en necesidades reales que atender. Ya no debemos desperdiciar recursos económicos en investigaciones que no van a trascender y que terminaran en los libreros de los investigadores. Además, con los importantes avances en el campo de las telecomunicaciones, en especial lo referido a la informática, se están conformando amplias e intrincadas redes que enlazan a un sinnúmero de universidades, La Universidad debe establecer una estrategia para participar en ellas.

Mediante un eje integrador metodológico de investigación-acción interdisciplinaria se deben involucrar en el diseño y elaboración de las propuestas de Plan de Desarrollo Municipal. El gobierno municipal puede decidir no poner en práctica algunas de las líneas de acción esbozadas por el equipo de académicos. A pesar de que los académicos vean amplia pertinencia y fundamentación a otras líneas estas pueden dejarse de lado. Aun cuando no se hayan sometido a una estricta evaluación se podría decir que las políticas sugeridas e implementadas entre los académicos y los actores locales pueden ser muy acertadas.

Esta idea de colaboración no cuaja, entre otras cuestiones, cuando: 1) El grupo presenta fisuras, llegando a la ruptura por diferencias no irreconciliables, producto de actitudes protagónicas de algunos actores y no por diferencias en los objetivos y metodologías a emplear y las propuestas a realizar. 2) La insuficiente comprensión de los tomadores de decisiones respecto al trabajo académico (contenidos, formas, ritmos, etc.) y por tanto la incapacidad para desarrollar la interfase que permita una comunicación más fluida entre ambos grupos. 3) Incomprensión de los académicos con respecto al papel dirigente del gobierno en el proceso y olvido de su condición de participante en el proceso para querer asumir un protagonismo que no le corresponde.

Ante ello los integrantes del Grupo de Desarrollo Municipal deben optar por asumir un papel ciudadano. Este paso ayuda a los actores locales a asumir su papel en interés de la comunidad. Es obvio decir que los académicos siempre estarán perneados por su carácter de intelectuales. Es importante señalar que su accionar se ve fuertemente influido positiva y negativamente por su formación intelectual que los lleva en ocasiones a no entender el papel de los tomadores de decisión. El accionar de los integrantes del Grupo de Desarrollo Municipal debe contribuir a recuperar el saber regional, integrando el saber vernáculo y el de las comunidades.

Esta recuperación y sistematización, entre otras cosas, del “saber de la región y la región como saber, son una fuente inagotable de trabajos, un elemento constitutivo de la pertinencia territorial, del enraizamineto de las poblaciones. Es la historia de la región, de su gente, pero también un potencial inagotable de recursos para la transformación social.” (Hiernaux 1999). Con su postura los académicos deben contribuir a que, directa e indirectamente, las Universidades se involucren en el diseño e implementación de las políticas públicas, tanto las referentes al desarrollo rural regional, como aquellas con un componente más urbano. En las universidades o centros de investigación debe darse un proceso de innovación, en el sentido de encontrar los mecanismos e instrumentos más idóneos para estrechar sus lazos con la región en donde se encuentran implantados.

Esta relación a construir debe de tomar en consideración: a) A la región como concepto y como sujeto; ello en consideración de que los procesos de globalización lejos de agotar en forma definitiva a la región, como algunos piensan, la revitaliza, teniendo ineludiblemente que tomar al territorio como base de la misma globalización y, b) Que la universidad, hoy más que nunca, debe asumir que, para penetrar en las esferas globales, debe, en principio, articularse con su región.

En general los ciudadanos debemos asumir un papel más participativo en la gestión del gobierno común. Por lo general, nos centramos en el alegato por nuestros derechos, olvidándonos de nuestros deberes. Consideramos inconscientemente que con el voto ya hemos cumplido con el papel de ciudadano, asumiendo una actitud abúlica en cuanto a la participación ciudadana en la planificación del desarrollo local. Las Políticas de Desarrollo Regional en Latinoamérica han respondido siempre a las necesidades de valorización y de acumulación del capital, teniendo cierta correspondencia con el paradigma teórico imperante en el sistema capitalista.

Es importante en ese sentido indicar que las distintas vertientes del paradigma funcionalista neoclásico son las que han jugado este papel, teniendo las pertenecientes a la escuela marxista un papel más que nada contestatario. Hiernaux (1999) y Godínez (2000) señalan que en este contexto el Estado ejerce solamente una política de acompañamiento, renunciando a ejercer una política de intervención en cuanto a la lucha contra las desigualdades regionales y obviamente contra las desigualdades sociales. Orientan sus acciones a impulsar la creación de condiciones diferenciales y competitivas entre las distintas regiones, es decir, consideran que las políticas regionales de corte federal están operando en función del régimen de política económica imperante. Por tanto, están claramente en plena concordancia con el modelo o patrón de acumulación y valorización del capital.

Moncayo (2001) y Alba et al. (1998), con distinto énfasis y orientación sostienen que los paradigmas explicatorios de la realidad regional han mostrado ya su insuficiencia en las condiciones actuales, haciendo obsoleto el debate que se planteaba hace ya dos décadas. Existen pues las condiciones para la construcción de un nuevo paradigma regional. Según Hiernaux (1999) la necesidad de cambiar el paradigma se debe a que…“los procesos decisivos para el reconocimiento de la existencia de la región como unidad real y también como ámbito central de análisis, lo constituyen los cambios acelerados que conoce la economía mundial, particularmente en lo referente a la recomposición de los procesos de trabajo en el seno de las unidades de producción, a la organización renovada de las relaciones capital-trabajo y capital-capital.

Los nuevos modelos de organización del trabajo y del capital son múltiples: sus repercusiones sobre la organización territorial no pueden, en consecuencia, ser unidireccionales. Se está gestando una nueva variedad de formas territoriales complementarias de gran trascendencia y valor para el estudio de los procesos regionales”. Unikel (1976), Ornelas (1993), Godínez (2000) y Delgadillo (2001) sostienen con diversos matices se puede considerar a la política regional como “el conjunto de acciones orientadas intencionalmente por el aparato gubernamental para alcanzar fines preestablecidos relacionados tanto con la reproducción del capital, como de la fuerza de trabajo y la dominación política e ideológica de una clase social sobre el conjunto de la sociedad”

Según Ornelas (1993), la política regional gubernamental busca producir las denominadas condiciones generales de y para la producción y reproducción del capital; creando y contribuyendo a distribuir territorialmente los soportes materiales indispensables para la reproducción de la fuerza de trabajo, constituyendo de está manera las condiciones materiales para la dominación económica, política e ideológica de la clase hegemónica.

Hasta aquí hemos utilizado el término de Política Regional, sin definirlo. Antes de continuar daremos una definición para aclarar los conceptos de política, política pública y política de desarrollo regional. Solamente nos restringiremos a ello, ya que entrar a una discusión teórica y práctica de estos conceptos nos haría desviarnos del propósito de este artículo.

Consideraremos como Política al conjunto de decisiones interrelacionadas tomadas por un actor o grupo de actores políticos preocupados por seleccionar metas y los medios para alcanzarlas en una situación determinada, y en donde, en principio, los actores tienen el poder de tomar dichas decisiones.

Por Política Gubernamental vamos a entender una política elaborada por el gobierno y entenderemos como Política Pública una practica social y no un evento aislado, ocasionado por la necesidad de reconciliar demandas conflictivas o, establecer incentivos de acción colectiva entre aquellos que comparten metas, pero encuentran irracional cooperar con otros.

Finalmente consideraremos como Política regional a la intención gubernamental explicita en el sentido de afectar, con su acción, una parte determinada del territorio nacional, y la determinación de los objetivos y metas que se propone alcanzar en un plazo establecido. (Ornelas, 1993).

Actualmente los temas relacionados con lo local, el territorio y la territorialidad y con la regionalización son, más que nunca, objeto de estudio y reflexión en la Geografía y en todas las Ciencias Sociales. Lo mismo sucede con los términos globalización, mundialización, economía –mundo, pensamiento, etc. Estamos viviendo momentos de verdadero protagonismo de lo global y también de lo local. No hay incompatibilidad en ello.

El recorrido de ambos conceptos tiene que ver con la evolución de los acontecimientos que han tenido lugar en Occidente y en general en todo el mundo, derivados de las revoluciones industriales, que han contribuido a consolidar los procesos de crecimiento, concentración y diferenciación espacial, a la vez que han generado graves desequilibrios territoriales y demográficos. La generalización de los procesos globales en la actualidad es un hecho aceptado, como lo es que la globalidad es la norma en las decisiones económicas y geopolíticas. Además, el objetivo es conseguir la mejora de la calidad de vida de todos los ciudadanos sin exclusión. Por lo tanto, si esto es así, forzosamente hemos de pensar que, a las acciones globalizadoras, se han de contraponer opciones descentralizadoras en los ámbitos de decisión cuya última escala es la local. Es ahí, en el territorio más cercano donde mejor se pueden plantear las alternativas de futuro, para conseguir la cohesión social, la convergencia territorial, el asentamiento de la población, la disminución de las disparidades entre lo rural y lo urbano y donde podemos y debemos desarrollar todas las capacidades humanas , ya sea de manera individual o colectiva.

La globalización no significa la desaparición del ámbito local. Al contrario, con ella el concepto de desarrollo local ha ido evolucionando hasta llegar al enfoque de desarrollo territorial. Según Izquierdo (2005) en el futuro, las sociedades mejor desarrolladas serán aquéllas que sean capaces de organizar sus estrategias de desarrollo alrededor de la revalorización del lugar, del conocimiento profundo de lo universal y global y de la pertenencia a una comunidad virtual.

Lo local, lo global y lo virtual son las tres concepciones fundamentales para organizar el nuevo mundo. En cualquier caso, el nuevo orden mundial será el resultado de la interacción equilibrada entre miles de órdenes locales. De ahí la importancia de empezar a organizarse desde la base, desde las comunidades locales. No obstante, el camino no es fácil y los retos planteados son enormes en términos de afirmación de la competitividad territorial.

Lo global y lo local está permanentemente interactuando. Hay ejemplos claros al respecto. Las actuaciones que afectan a las actividades del sector primario, se deciden en foros europeos y mundiales. Y las que afectan a nuestro modo de vida, derivan igualmente de políticas globales. Por lo tanto toda la actividad está dentro de decisiones globales. Lo mismo sucede con las nuevas propuestas de desarrollo sostenible que, aunque se aplican a escala planetaria, tienen una proyección concreta en cada territorio, con planteamientos locales que se incardinan en contextos globales, para conseguir un mayor equilibrio socioterritorial.

Las acciones de desarrollo que se han puesto en marcha en muchas comarcas han sido consecuencia de saber aprovechar los recursos propios, endógenos, para planificar acciones innovadoras, que tienen en cuenta la cultura material e inmaterial y el medio natural como bienes económicos a considerar en el mercado. Se trata de hacer compatible la conservación del patrimonio para el disfrute de las futuras generaciones y su puesta en valor, para que sin dejar de ser sostenible, constituya un verdadero desarrollo económico.

Pero eso ha sido posible gracias al cambio de modelo de desarrollo, que implica que la toma de decisiones se realiza en la escala local próxima al ciudadano, favorecida por el proceso de descentralización realizado con la comarcalización y fundamentalmente por la conjunción muy estrecha de las acciones llevadas a cabo por el capital social.

Los Grupos de Desarrollo Local han sido el eslabón necesario y determinante para aglutinar las diferentes y plurales sensibilidades del capital social de los distintos territorios y sus relaciones con el exterior. El desarrollo rural con enfoque local esta respaldado por la misma filosofía y teoría que el desarrollo local, pero con planteamientos y estrategias diferenciadas según su aplicación al espacio urbano o al rural. (Valcárcel – Resalt, 1999).

Las leyes macroeconómicas del mercado han generalizado un sistema que es considerado el más idóneo para el avance y el progreso de la humanidad, porque identifica el crecimiento económico basado en indicadores macroeconómicos con el desarrollo. Pero nosotros no lo consideramos así. Crecer económicamente no significa exactamente desarrollarse. Nuestra interpretación del modelo no presupone que los espacios marginales puedan llegar al estado del bienestar siguiendo el mismo camino que han recorrido los desarrollados. Eso ha sido así hasta ahora y los costes para los territorios han sido demasiado elevados.

Entrando en el ámbito del Desarrollo Local, Nieves y Dirven (2003) mencionan que en el enfoque territorial se debe entender al territorio como una unidad de gestión, planificación y recursos, en una localización geográfica específica, como un escenario de relaciones productivas, sociales y de género, y de identidades particulares construidas social y culturalmente, así como de distintas “distancias” que implican costos de transacción.

Alain de Janvry , considera que para reducir la pobreza es necesario el crecimiento regional y un enfoque territorial del desarrollo. Comenta que se requieren tres niveles de intervención, para un programa de reducción de pobreza:

  • Primero: Intervenir en las precondiciones. Educación, salud, nutrición, infraestructura, y hacerlo más eficientemente.
  • Segundo: Impulsar el crecimiento regional, con un enfoque territorial del crecimiento económico para generar oportunidades locales de ingreso.
  • Tercero: Ayudar a la incorporación económica de los pobres del sector rural, como parte fundamental del enfoque territorial del desarrollo local.

La estrategia del desarrollo local territorial, necesita ajustarse a algunas especificaciones locales como la proximidad de las comunidades a grandes centros urbanos, la calidad de las vías de comunicación con la región y el potencial del dinamismo de la agricultura y otras industrias importantes.

Otro planteamiento, es el de Sepúlveda (2003), que dice que el enfoque territorial pone de manifiesto el carácter polifacético de los territorios rurales; la necesidad de formular políticas con objetivos múltiples e integrales; la necesidad de superar el marco institucional tradicional y las inversiones sesgadas hacia lo económico y la urgencia de establecer mecanismos institucionales que promuevan un sistema participativo y abierto para formular soluciones desde la base. Dicho autor plantea que este enfoque permite la formulación de propuestas centradas en las personas, ya que toma en consideración los puntos de interacción entre los sistemas socioculturales y los sistemas ambientales y contempla la integración productiva y el aprovechamiento competitivo de los recursos productivos como medios que posibilitan la cooperación y corresponsabilidad amplia de diversos actores sociales.

Este enfoque, según Sepúlveda (2003), surge debido a la necesidad de una mayor cohesión territorial, ya que hay brechas regionales y territoriales que amenazan con destruir la integridad de las sociedades y las naciones latinoamericanas. Surge también, por la necesidad de lograr la máxima sinergia local en aras de poder enfrentar con éxito el panorama de integración supranacional. Por lo tanto, el enfoque territorial del desarrollo local es una visión esencialmente integradora de espacios, agentes, mercados y políticas públicas de intervención. Busca la integración de los territorios rurales a su interior y con el resto de la economía nacional, su revitalización y reestructuración progresiva, así como la adopción de nuevas funciones y demandas.

Este enfoque tiene su importancia en que visualiza a los territorios no como unidades aisladas, sino como unidades articuladas a una trama social y cultural más amplia, trama que se asienta sobre una base de recursos naturales y que se traduce en formas de producción, consumo e intercambio, que son, a su vez armonizadas por las instituciones y las formas de organización existentes. El territorio comprendido de esta manera permite definir intervenciones que, de una u otra manera, potencian la superación de la pobreza y el desarrollo de las comunidades, de manera articulada con el desarrollo de los países en el actual contexto de la globalización.

Aquí es donde marcamos el punto de inflexión, la diferenciación en el modo de actuar de los procesos locales en el contexto global. Vamos a recorrer el camino que lleva del llamado crecimiento económico al desarrollo local con otros métodos diferentes. Esto es posible porque la macroeconomía no es la mejor ni la más adecuada para resolver las nuevas situaciones del siglo actual. El crecimiento económico no basta para generar desarrollo. Eso no quiere decir que consideremos el desarrollo económico como no local y éste como no económico. No se trata de negar importancia a la economía.

Es, como señala Vachon (2001) cuestionar su “pretensión totalitaria” porque protagoniza el funcionamiento de un modelo de desarrollo excluyente, que prima la polarización de la riqueza. Este aspecto es importante tenerlo en cuenta porque en Latinoamérica la dimensión de lo local es considerable. Se ha admitido también que actualmente todos los problemas del mundo se expresan de alguna manera a nivel local, tanto si se trata de problemas sociales como políticos, económicos o ecológicos. Y es realmente en la escala local donde se están inventando actualmente las respuestas alternativas a los planteamientos de la política centralizada del desarrollismo.

Castells (2000) habla de la emergencia del hecho regional y local como el resurgir de las identidades en el nuevo contexto globalizado de la sociedad de la información. Pero también añade que una vez que tiene lugar la descentralización, los gobiernos locales pueden tomar la iniciativa en nombre de sus poblaciones y participar en estrategias de desarrollo frente al sistema global, con lo que acaban entrando en competencia con sus propios estados. De ahí que, en nuestro caso, consideremos como muy importante la intermediación de las estructuras de gestión a las que más adelante nos referiremos.

El Desarrollo Local es un modelo alternativo al paradigma de desarrollo exógeno; una aproximación al desarrollo “de abajo hacia arriba” (Bottom Up), que otorga importancia a las organizaciones, empresas, instituciones locales y a la sociedad civil, en los procesos de crecimiento y cambio estructural (Vázquez, 2000). Constituye un proceso integral que se basa en la concertación de los actores locales y a su vez incorpora las dinámicas del desarrollo sectorial, funcional y territorial emprendidas desde el Estado (Enríquez, 2005; Rojas, 2006). Bajo este enfoque, se considera al desarrollo como un fenómeno históricamente evolutivo que no se da en forma uniforme sobre el territorio (Boisier, 2005).

El Desarrollo Local se define como: “[…] un proceso multidimensional que implica cambios en las conductas y actitudes individuales que impactan en las estructuras institucionales de los sistemas económicos, sociales y políticos, y cuya finalidad es la persecución del crecimiento económico y el desarrollo social mediante la reducción de la desigualdad y la reducción de la pobreza. El desarrollo es la condición de satisfacción de las necesidades de la población de una nación mediante el uso racional y sustentable de los recursos naturales” (Vargas, 2006).

En la definición anteriormente referida, se destaca la finalidad del desarrollo, que debe satisfacer las necesidades auténticas de la población (alimentación, educación, cultura, salud, trabajo), incrementar en forma sostenible las capacidades productivas, bregar por la reducción de las desigualdades entre los miembros de la sociedad, ampliar las capacidades y opciones para el crecimiento personal, así como el respeto y cuidado de los aspectos ecológicos y culturales de las sociedades.

Como características importantes del Desarrollo Local, Alburquerque Llorens, [2004] destaca, entre otras la atención prioritaria a las pequeñas y medianas empresas, asegurando la oferta de servicios de desarrollo empresarial; la introducción de criterios de rentabilidad social y generación de empleo e ingreso entre la mayoría de la población. Lo hace en vez de guiarse únicamente por estrechos criterios de la rentabilidad financiera a corto plazo.También destaca el desarrollo de redes institucionales, acuerdos de cooperación y de complementariedad territoriales que faciliten de manera progresiva la construcción de un entorno territorial innovador.

Se entiende por Desarrollo Sostenible la satisfacción de las necesidades del presente sin comprometer las capacidades de las generaciones futuras de satisfacer las suyas. En la década del ´90, ante la falta de crecimiento económico, la agudización de la pobreza y el impacto ambiental negativo, se tomaron medidas correctivas. La mayoría de estas nuevas políticas fueron promovidas por agencias financieras de alcance internacional, como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y otros.

Dos nociones importantes fueron introducidas a los programas de desarrollo que se promovían a escala global. Por un lado, el desarrollo económico tenía que privilegiar políticas que mitigaran la pobreza. Por el otro, se acuño el término “desarrollo sostenible” orientado a promover el crecimiento sin perjudicar o destruir el ambiente. En los últimos dos decenios, sin embargo, las nuevas políticas no han mitigado los niveles de pobreza a nivel de su población. La pobreza se mantiene, incluso, en medio del crecimiento económico.

Al mismo tiempo, la crisis ambiental se ha agudizado obligando a los países del mundo a regular y a tomar medidas restrictivas para proteger las aguas del planeta, la atmósfera y los bosques. Pareciera que el mundo se encuentra en una encrucijada llena de contradicciones que no tienen aparente solución. La pobreza social se extiende a pesar de la creación de cada vez más riqueza a escala planetaria. A su vez, se hace difícil atacar las causas de la pobreza por la vía del incremento de la producción por los daños que las políticas de desarrollo pueden causarle al ambiente.

Esta contradicción entre riqueza y pobreza es el reto que enfrentan las políticas de desarrollo sostenible. En la literatura especializada ha surgido un conjunto de propuestas para enfrentar el dilema planteado. Entre las propuestas más populares se encuentra la teoría que sostiene que de la misma manera que se creó el problema, es posible revertirlo y encontrar las soluciones a los problemas que surgen de esta relación entre riqueza y pobreza.

Por un lado, se plantea la necesidad de incorporar a la población en las políticas de desarrollo. Para ello es necesario de crear una ciudadanía preparada y dispuesta a sumarse a los procesos de cambio. Quienes abordan este problema señalan como elemento central en este proceso a la educación. Se refieren a la necesidad de contar con un sistema de educación pública, redes extensivas que organicen a la población en torno a objetivos precisos que eleven la capacidad individual en áreas tan diversas como la producción, la cultura, la política y la toma de decisiones.

En el lenguaje de estos especialistas se trata de la creación y consolidación de capital humano. Un mayor capital humano hace posible usar nuevas tecnologías e innovar. A su turno, la modernización de la estructura productiva demanda nuevas destrezas y calificaciones, estimulando la formación de capital humano. Para los individuos representa una inversión en sus capacidades, las cuales al aumentar su productividad, incrementan también sus ingresos personales. Los niveles de productividad obedecen tanto al nivel de destrezas y educación, como de la tecnología.

El capital humano no puede entenderse como un estado o una situación. El capital humano debe verse como un proceso. Es un proceso social de acumulación donde se combinan factores como destreza, educación y tecnología capaces de transformar a las personas y contribuir a la creación de nuevas realidades sociales tanto en una generación como en forma trans-generacional. Para medir el potencial del capital humano se utilizaron tres indicadores: educación, economía y salud. Para medir el capital social se tomaron otro conjunto de tres indicadores: instalaciones de salud, empleo y participación política.

De la misma manera que es viable acumular capital humano, mediante la sistematización de procesos de cambio mediante la inversión en la capacidad de las personas, la gente puede generar transformaciones mediante la cohesión social, el incremento de las redes de comunicación y la mayor densidad institucional. Las redes de intercambio forman el capital social. Según el Banco Mundial, el capital social se refiere a instituciones, relaciones y normas que conforman la calidad y cantidad de las interacciones sociales de una sociedad.

Los estudios del Banco Mundial e instituciones similares señalan que la cohesión social es un factor crítico para que las sociedades prosperen económicamente y para que el desarrollo sea sostenible. Para medir el capital social se utilizarán un conjunto de tres variables: participación política, salud y empleo. Los indicadores que se utilizarán son participación en referéndums, instalaciones de salud y tasas de desempleo. El índice de desarrollo humano (IDH) es una medida sinóptica de tres dimensiones del desarrollo humano: vida larga y saludable, medida según la esperanza de vida al nacer (longevidad); educación, medida según el nivel de alfabetización y la matriculación escolar; y nivel de vida digno, medido según el PIB per cápita en US$.

A MODO DE CONCLUSIONES

Para considerarse sostenible, un modelo de desarrollo debe ser incluyente, equitativo y participativo tanto en su concepción como en su gestión e implementación. La coordinación, concertación y gestión participativa de la estrategia de desarrollo sostenible requiere entonces del fortalecimiento del capital social como factor clave para lograr el desarrollo sostenible. Se entiende por capital social “rasgos de la organización social, como la confianza, las normas y redes, que pueden mejorar la eficacia de la sociedad facilitando acciones coordinadas”. , y “la capacidad de los individuos de trabajar juntos a otros, con grupos y organizaciones, para alcanzar objetivos comunes”.

Para complementar los espacios o mecanismos existentes de participación ciudadana La gestión Local del desarrollo. (cabildo abierto, referéndum, consulta popular, comisiones mixtas, audiencias públicas, plebiscitos) – que por supuesto requieren ser fortalecidos y dinamizados – se propone la creación de espacios formales y permanentes de concertación, dialogo y toma de decisiones para la definición e implementación de la agenda de desarrollo sostenible.

La participación debe estar íntimamente ligada al acceso a la toma de decisiones para caminar responsablemente hacia la meta de que estos se conviertan en protagonistas del desarrollo. El desarrollo de la provincia necesita la presencia activa de los actores individuales y organizados en los diversos niveles de consulta, discusión, tomas de decisiones con respecto a estrategias, planes y proyectos. Al igual que monitoreo y auditoria social. Cada nivel de la participación da lugar a resultados de más legitimidad y efectividad en las acciones.

El esquema preliminar de coordinación y concertación para la planificación e implementación descentralizada y participativa del desarrollo sostenible se basa en las estructuras político administrativas existentes. Promueve la institucionalidad planteando el fortalecer, complementar y consolidar la comunicación y participación responsable enriqueciendo el potencial comunicacional.

El modelo institucional del país caracterizado por un marcado centralismo se expresa a escalas regionales y locales en lógicas que prolongan la acción de los actores públicos centrales y reviste la forma de clientelismo funcional. La inexistencia de espacios de coordinación o de concertación obedece, en gran parte, a que los funcionarios de cada institución que interviene en el territorio no consideran necesaria esta interacción ni buscan generarla. Esta situación se traduce en disfuncionamientos y dificulta la movilización social alrededor de una visión integral de futuro que pueda resolver las contradicciones del modelo de desarrollo vigente. La concertación social es incipiente y la población colonense expresa más un sentimiento de “soportar” que de gozar el “desarrollo” y el crecimiento económico.

El desarrollo económico y la distribución de la riqueza generada no son dos procesos paralelos que puedan concebirse de manera separada. La relación entre producción y distribución de la riqueza adquiere un sentido relevante cuando se convierte en un requisito de las políticas públicas orientadas a generar condiciones de seguridad social para todos los ciudadanos.

La capacidad de inserción laboral nace y se desarrolla en estrecho contacto con las realidades de la producción y del trabajo. El Estado debe actuar no solo como coordinador e intermediario, sino además crear las condiciones legales para favorecer el encuentro entre los actores en el mercado laboral, basándose en el fomento de la responsabilidad social hasta ahora poco demostrada de las empresas de los enclaves y la beligerancia de las organizaciones sociales para generar iniciativas propias de creación de empleos formales.

El modelo que ha articulado a la región a la economía mundial no ha solucionado problemas apremiantes de la población y se ha expresado en deterioro de los ecosistemas, de las condiciones ambientales y de la calidad de vida. La definición de posibilidades de intervención para alcanzar un desarrollo más sostenible se enfrenta a un escenario de desigualdad social y disparidad territorial que constituyen restricciones fundamentales. Lo que está en juego es la sostenibilidad social y ambiental de un modelo que privilegia el crecimiento basado en economías de enclave y en la extracción de recursos naturales sin beneficio para la región.

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